La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentará ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para endurecer las sanciones contra los delitos ambientales en Michoacán, especialmente aquellos relacionados con la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo y la destrucción de bosques y selvas.

La propuesta plantea adicionar el artículo 302 Bis al Código Penal del Estado, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión, además de multas económicas considerables para quienes participen en actividades que atenten contra los recursos forestales. Asimismo, contempla agravantes cuando se utilicen herramientas especializadas, vehículos para el transporte de madera ilegal o exista participación de servidores públicos.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que la protección del medio ambiente constituye una responsabilidad fundamental del Estado, al tratarse de un derecho humano reconocido constitucionalmente. Señaló que la devastación de ecosistemas no solo afecta la biodiversidad, sino que también pone en riesgo la disponibilidad de agua, altera los ciclos climáticos, impacta la economía regional y genera afectaciones al tejido social.

Arreola Ruiz advirtió que Michoacán, debido a su amplia riqueza forestal y ubicación estratégica, enfrenta una creciente presión por la explotación ilegal de recursos naturales, una actividad que en muchos casos se encuentra vinculada con estructuras delictivas organizadas. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 la entidad se ubicó entre los estados con mayor número de denuncias por delitos ambientales, principalmente por tala ilegal y daños a zonas forestales.

La diputada recordó que tanto la Fiscalía General del Estado como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han documentado cientos de denuncias relacionadas con la deforestación y el cambio irregular de uso de suelo en diversas regiones michoacanas.

“Estas cifras evidencian que las sanciones actuales no han sido suficientes para frenar la reincidencia ni para desmantelar las redes que operan estas actividades ilícitas”, sostuvo.

La iniciativa busca homologar la legislación estatal con modelos más estrictos, como el aplicado en el Estado de México. Entre las sanciones propuestas destaca una pena de cinco a quince años de prisión para quienes participen en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos forestales obtenidos de manera ilegal.

Para autores intelectuales, instigadores, personas que obtengan beneficios económicos del delito o quienes utilicen a menores de edad para cometer estas conductas, las penas irían de siete a quince años de prisión.

Además, se contempla una sanción de diez a veinte años de cárcel y multas de hasta mil quinientos días cuando se empleen motosierras, sierras manuales u otras herramientas destinadas a la explotación ilegal de recursos forestales; cuando se utilicen vehículos para transportar madera o cuando intervengan servidores públicos.

La legisladora enfatizó que la participación de funcionarios en este tipo de delitos representa una falta particularmente grave, ya que favorece la impunidad y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.

“Las sanciones agravadas responden a la responsabilidad especial que tienen quienes, por su cargo, están obligados a proteger el patrimonio natural y no a facilitar su destrucción”, afirmó.

La propuesta también establece que las herramientas, vehículos y demás objetos utilizados para cometer estos delitos deberán ser asegurados de oficio por el Ministerio Público y puestos a disposición de la autoridad judicial para su decomiso.

Finalmente, Sandra Arreola Ruiz destacó que la pérdida de cobertura forestal genera consecuencias que van mucho más allá de la tala de árboles, pues provoca alteraciones en el ciclo hidrológico, erosión de suelos, pérdida de biodiversidad y un mayor riesgo de incendios e inundaciones. En comunidades indígenas y rurales, agregó, la afectación es aún más profunda, ya que los bosques representan una fuente de sustento económico, identidad cultural y cohesión social.

“Cuando se destruye el entorno natural, también se debilita la vida comunitaria y el futuro de las próximas generaciones”, concluyó.