Enrique Martínez Chávez, exintegrante del Ejército Mexicano señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido en Hawthorne, California, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el exmilitar de 32 años es buscado en México por el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

A través de una publicación oficial, ICE informó que Martínez Chávez permanecerá bajo custodia migratoria mientras se realizan los procedimientos para su posible deportación a México.

El exsoldado forma parte del grupo de 16 militares cuyas órdenes de aprehensión fueron canceladas en 2022 y posteriormente reactivadas en 2023 por la Fiscalía General de la República (FGR), dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Según las indagatorias de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Martínez Chávez habría actuado bajo las órdenes del entonces capitán José Martínez Crespo. Las investigaciones señalan que estuvo presente en el Hospital Cristina, donde se refugiaron algunos estudiantes tras ser atacados por policías municipales y presuntos integrantes del crimen organizado.

Además, se le relaciona con la presunta entrega de normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos, organización señalada como una de las principales responsables de la desaparición de los estudiantes.

Las autoridades mexicanas consideran que la captura representa un avance en las investigaciones para esclarecer uno de los casos de violaciones a los derechos humanos más graves en la historia reciente del país.

El caso Ayotzinapa

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa viajaron a Iguala, Guerrero, con el objetivo de tomar autobuses para asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Durante esa noche fueron atacados por policías municipales y posteriormente por integrantes de la delincuencia organizada. El saldo fue de seis personas asesinadas, decenas de heridos y la desaparición de 43 estudiantes, cuyo paradero continúa sin esclarecerse plenamente a más de una década de los hechos.

Organismos de derechos humanos estiman que más de 180 personas fueron víctimas directas de los acontecimientos y cientos más resultaron afectadas de manera indirecta, principalmente familiares de los desaparecidos.