Con el propósito de que Michoacán cuente por primera vez con información específica, técnica y desagregada sobre las condiciones que viven las personas con discapacidad, la diputada Nalleli Pedraza Huerta, en representación compartida y de la mano del ciudadano parlamentario Mario Pérez Escamilla, integrante activo de los trabajos del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar el artículo 81 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo.

La propuesta contempla la creación formal del Sistema Estatal de Información en Discapacidad, una herramienta que permitiría generar, integrar y poner a disposición información precisa para conocer las condiciones, necesidades y principales problemáticas que enfrenta este sector de la población.

Durante su intervención en tribuna, Pedraza Huerta señaló que, si bien durante décadas Michoacán ha contado con censos generales de población, persisten importantes vacíos en torno a la realidad de las personas con discapacidad, particularmente en temas como el acceso a la educación superior, la discriminación escolar, el dominio de la Lengua de Señas Mexicana, la inclusión laboral y las distintas formas de violencia física, psicológica y sexual.

“Lo que no se mide, no se nombra; y lo que no se nombra, queda condenado a la indiferencia institucional”, afirmó.

De acuerdo con la iniciativa, el Consejo Michoacano para la Inclusión contaría con herramientas técnicas que le permitan coordinarse con la Secretaría del Bienestar y atender los lineamientos establecidos por el INEGI. La propuesta plantea realizar una reingeniería institucional que, según lo expuesto, no representaría un impacto presupuestario extraordinario.

El Sistema Estatal de Información en Discapacidad estaría sustentado en cuatro ejes principales:

• Rigor técnico y metodológico, para generar y consolidar indicadores relacionados con educación superior, bilingüismo e inserción laboral.
• Visibilización y combate a las violencias, mediante el registro y clasificación de casos de violencia, así como de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.
• Máxima publicidad y transparencia, garantizando que la información sea pública, abierta, accesible y gratuita.
• Justicia laboral y congruencia, estableciendo como prioridad que el personal encargado de operar el sistema esté integrado, preferentemente, por personas con discapacidad.

Pedraza Huerta destacó que contar con información confiable y especializada permitirá superar la toma de decisiones basada en suposiciones y avanzar hacia políticas públicas sustentadas en evidencia, capaces de responder de manera más efectiva a las necesidades de las personas con discapacidad en Michoacán.