La presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, ha presentado una propuesta ante el Senado de la República para crear una Plataforma Única de Identidad, que busca fortalecer la lucha contra la desaparición de personas mediante la integración y conexión de diversas bases de datos, tanto públicas como privadas, incluidas las que contienen información biométrica. Esta plataforma tendría acceso a información del Registro Nacional de Población, carpetas de investigación y datos forenses, además de bases de datos de sectores como finanzas, transporte, salud, telecomunicaciones, educación y seguridad social.

El proyecto de reforma permitiría que autoridades como fiscalías y cuerpos de seguridad, incluidos la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, consulten esta información, con la promesa de que se garantizaría la protección de datos personales. En este sentido, la exposición de motivos señala que también se integrarán bases de datos del INE y del sector salud, lo que permitiría realizar búsquedas en tiempo real a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que ahora incluiría datos biométricos.

El gobierno federal considera que esta iniciativa es fundamental para hacer frente a la grave crisis de desapariciones en el país. Sin embargo, diversas organizaciones y expertos en derechos humanos han manifestado su preocupación por los posibles riesgos que implicaría el acceso irrestricto a estas bases de datos. Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ha expresado que esta medida representa una amenaza significativa a la privacidad de los ciudadanos, al considerar que la consulta inmediata y sin restricciones de información personal sería desproporcionada.

Entre las principales preocupaciones destaca la integración de datos biométricos a la CURP, lo cual podría derivar en un sistema de vigilancia estatal sin precedentes. Este enfoque también podría generar riesgos de exclusión y discriminación, afectando especialmente a comunidades vulnerables.

A pesar de las críticas, la iniciativa sigue su curso en el Senado, donde se sigue debatiendo la viabilidad de esta plataforma, que pretende convertirse en una herramienta clave en la lucha contra la desaparición de personas.