Con la reforma de diciembre pasado, que transformó el Tribunal de Justicia Administrativa en el actual órgano Tribunal en  Materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán, 

Un caso que ilustra estas irregularidades es el de Santiago Manzo Chávez, quien durante casi cinco años disfrutó de todos los beneficios y facultades de un magistrado sin haber sido elegido por el Congreso del Estado, amparándose en la famosa figura del "ministerio de ley". Es decir, fungió como magistrado de facto sin haber pasado por el proceso constitucional correspondiente.

Ahora, como si esto no fuera suficiente, ha sido premiado con un juzgado administrativo en Zamora, en un proceso de selección que ha levantado más de una sospecha. Manzo Chávez no solo obtuvo la calificación más alta en el concurso interno (un sorprendente 9.8), sino que además fue el mismo funcionario que durante años diseñó y aplicó los exámenes para la carrera judicial dentro del Tribunal. Internamente, se sabe que había perfiles con mayor preparación y experiencia, sin embargo, el resultado final lo dejó como ganador casi indiscutible. ¿Sospechas de mano negra? Más que justificadas.

Pero el problema no termina ahí. Actualmente, de los cinco magistrados que integran el Tribunal, solo dos fueron elegidos por el Congreso del Estado, mientras que los otros tres están por “ministerio de ley”, es decir, no fueron electos democráticamente y, por lo tanto, su permanencia y sus resoluciones podrían carecer de legitimidad. 

El respaldo del Ejecutivo estatal a estas decisiones genera aún más cuestionamientos. Si bien el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuenta con formación jurídica, parece haber pasado por alto estas anomalías que afectan gravemente el debido proceso y la legalidad en la impartición de justicia administrativa.

Es urgente que el Congreso del Estado y los organismos de control revisen la legalidad de estos actos. La justicia no puede estar sujeta a intereses políticos o personales. De lo contrario, la lucha contra la corrupción quedará en un mero discurso, mientras el tribunal encargado de combatirla opera en un marco de ilegalidad. Cabe recordar que Santiago Manzo es del equipo de Sergio Mecino consejero jurídico del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.