El diputado local de Morena, Juan Pablo Celis, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 156 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, con el propósito de garantizar que ningún funcionario estatal perciba un salario superior al de la Presidenta de la República.

La propuesta busca armonizar la legislación estatal con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de fortalecer los principios de austeridad republicana, equidad salarial y combate a los privilegios dentro del servicio público.

Durante la presentación de la iniciativa, Celis señaló que en la Cuarta Transformación “el poder es para servir y no para enriquecerse”, por lo que consideró necesario eliminar los salarios excesivos dentro de la administración pública.

La reforma contempla que todas las personas servidoras públicas de elección popular, así como titulares de dependencias centralizadas, descentralizadas, órganos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, reciban remuneraciones acordes a sus funciones, sin exceder el sueldo de la titular del Poder Ejecutivo federal.

El legislador destacó que la iniciativa representa un avance para consolidar un modelo de gobierno más austero, eficiente y cercano a la ciudadanía, además de poner fin a privilegios burocráticos que, dijo, durante años generaron desigualdad y molestia social.

Asimismo, afirmó que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a obras, programas sociales y servicios para la población, y no a mantener prestaciones o salarios elevados para altos funcionarios.

Juan Pablo Celis también señaló que la medida fortalecerá el combate a la corrupción, al eliminar esquemas de remuneraciones y beneficios desproporcionados que históricamente favorecieron a sectores privilegiados del aparato gubernamental.

Finalmente, recordó que recientemente se aprobaron reformas constitucionales federales en materia de remuneraciones y pensiones, por lo que consideró que los estados tienen la responsabilidad de actualizar sus marcos normativos conforme a los principios de austeridad y transparencia.