Una red clandestina, bien estructurada y con posibles vínculos de complicidad institucional, mantiene bajo control el flujo de drogas al interior de diversos centros penitenciarios en el occidente del país. El crimen organizado ha logrado consolidar un sistema de distribución en cárceles de Michoacán, Querétaro y Jalisco, empleando tanto métodos tradicionales como mecanismos más sofisticados que reflejan la magnitud de su alcance.

De acuerdo con documentos presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y obtenidos en febrero pasado por corresponsales de El Universal, existe un registro detallado de pagos y entregas de droga bajo el concepto de “salida de balones”. Este término, utilizado desde hace años, hace referencia al ingreso de sustancias y objetos prohibidos a los centros penitenciarios. No obstante, especialistas advierten que esta práctica ha evolucionado hacia esquemas más complejos que involucran redes internas y posibles actos de corrupción entre autoridades.

Uno de los documentos, elaborado de manera manuscrita y fechado en diciembre de 2025, detalla operaciones específicas en distintos centros de reclusión. En el penal Hermanos López Rayón, ubicado en Zitácuaro, Michoacán —considerado un punto estratégico en disputa entre grupos criminales— se reportan envíos identificados como “balones”, lo que confirma la actividad constante del grupo en la región.

En ese mismo municipio, destaca el nombre de William Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, señalado como presunto líder del CJNG en la zona. Según un audio recientemente difundido, habría ofrecido hasta dos millones de pesos a un exfuncionario del sistema penitenciario estatal a cambio de obtener control operativo dentro de las cárceles michoacanas.

La operación no se limita a una sola entidad. En Querétaro, donde el CJNG ha incrementado su presencia en los últimos años, también se registran envíos bajo el mismo esquema. De hecho, en enero de 2026 fue detenido Ramón Mora Rojas, alias “El Moncho”, presunto líder de una célula ligada a este grupo criminal, lo que evidenció la diversificación de sus actividades ilícitas, que incluyen secuestro, extorsión y robo de combustible.

Los registros internos también revelan pagos y entregas asignadas a distintos operadores identificados por apodos, lo que sugiere una estructura jerárquica y organizada dentro del sistema penitenciario. Las anotaciones detallan múltiples envíos dirigidos a diversos actores, consolidando un esquema de distribución que opera con precisión logística.

En Jalisco, el alcance de estas redes quedó expuesto tras el aseguramiento de objetos prohibidos en el penal de Ciudad Guzmán y la posterior reubicación de internos presuntamente vinculados a estas actividades. Sin embargo, uno de los episodios más preocupantes ocurrió en Puerto Vallarta, donde, tras un operativo federal, un grupo armado irrumpió en un centro penitenciario y logró la liberación de 23 reclusos, demostrando su capacidad operativa incluso frente a fuerzas federales.

La organización criminal, fundada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha demostrado una notable capacidad de adaptación, extendiendo su influencia a espacios clave como los centros penitenciarios, donde el control interno representa poder económico y continuidad operativa.

Hasta el momento, las autoridades han logrado recapturar solo a una parte de los internos fugados, mientras persisten dudas sobre el nivel de infiltración del crimen organizado en los sistemas penitenciarios estatales. La evidencia apunta a una realidad alarmante: los muros de las cárceles han dejado de ser una barrera para convertirse en parte del engranaje delictivo.