El contexto de violencia contra la niñez en México es “aterrador”, pues en promedio cuatro menores de edad son asesinados cada día en el país y más de siete feminicidios de niñas se registran cada mes, advirtió Nancy Ramírez Hernández, representante de Save the Children.

En el coloquio “Prevención y atención de la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes: la experiencia sueca”, sostuvo que además, los menores viven todos los días en un entorno hostil, cargado de fuertes relaciones violentas en sus hogares, en las escuelas y espacios públicos.

Admitió que pese a los avances legislativos e institucionales para la protección de sus derechos, en la vida diaria se les defrauda, por lo que llamó redoblar esfuerzos contundentes para desnormalizar la violencia en todos los entornos.

Ramírez Hernández advirtió que este problema se debe reconocer y visibilizar, porque de lo contrario, seguirá siendo un tema sin la prioridad que requiere dentro de la agenda pública y de gobierno.

Se tienen que fortalecer las leyes, las políticas y cambiar las creencias que hoy siguen propiciando comportamientos sociales e institucionales que dañan a los niños y adolescentes”, agregó.

Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez, dijo que este tema es de vital importancia para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y en particular para los DIF de todo el país.

El Estado mexicano contribuye para proteger a la niñez del país

Sostuvo que poner fin a este problema requiere de la colaboración y articulación de los distintos poderes y órdenes de gobierno, así como de participación de la sociedad, la academia y empresas.

García Pérez señaló que si bien se han hecho esfuerzos importantes impulsados por el gobierno y la sociedad civil, reconoció que no han sido suficientes pues se siguen conociendo historias de niños, niñas y adolescentes, que sufren agresiones injustificables cometidas dentro y fuera de su entorno familiar, escolar o social.

Afirmó que consciente de ello, el Estado mexicano contribuye y participa activamente en distintas iniciativas y proyectos nacionales e internacionales que tiene por objetivo elevar la protección a ese sector de la población.