Tres presos de la cárcel de Chilpancingo, Guerrero, fueron traslados por cuestiones de seguridad a otro penal para aportar datos sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace cinco años en Iguala, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien no explicó el procedimiento legal que siguieron para el traslado de los testigos.

“Vamos a informar en su oportunidad. Fue una solicitud que nos hicieron llegar a través de sus familiares y abogados para hacernos llegar información. Solicitaron que no fuera en el penal por razones de seguridad y una vez que terminemos la diligencia judicial y el operativo daremos toda la información”, comentó Encinas.

La pista de los tres testigos la hizo pública Eliseo Villar, antiguo coordinador de la policía comunitaria de San Luis Acatlán, Guerrero, y encarcelado en el penal de Chilpancingo.

El 25 de septiembre, un día antes de que se cumpliesen cinco años de la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el antiguo dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-EP), ofreció unas declaraciones vía telefónica en las que aseguró conocer el paradero de los estudiantes.

Según esta versión, tres antiguos integrantes del cártel Guerreros Unidos, que opera en la zona, habrían asegurado que estuvieron presentes durante aquella noche. Según Villar, los estudiantes “están escondidos en el lugar en el que escondieron” el autobús en el que fueron trasladados aquella noche.

En aquella declaración, el antiguo policía comunitario dijo que esta información fue compartida a mediados de junio y que ya la conocían Alejandro Encinas, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el abogado de las familias Vidulfo Rosales Sierra.

Este último dijo en conversación con Animal Político que él mismo se reunión con Villar Eliseo y con uno de los tres integrantes de Guerreros Unidos pero que se trató de una “plática informal”.

“Es un tema que investiga la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa y la comisión de la verdad. Nosotros sí nos dieron una información y pudimos contactar a una de estas tres personas, a la que visitamos en el penal de Chilpancingo”, dijo.

El abogado asegura que los tres “tienen que declarar formalmente” y que por eso trasladaron la información correspondiente a las instancias de investigación para que le den seguimiento.

“No se trata de sacar (del penal). Solicitaron dar un testimonio de lo que estamos atendiendo”, dijo Encinas.

El subsecretario aseguró que el objetivo de la administración es “conocer la verdad de los hechos”.

“Muchos saben mucho pero no se han atrevido todavía a decir lo que pasó”, dijo, tras afirmar que se han producido contactos con personas que ofrecieron información tras el llamado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que planteó la posibilidad de dar recompensas de entre uno y diez millones de pesos para quien de pistas fiables sobre lo ocurrido.

“El éxito será cuando tengamos resultados. La comisión tiene el objetivo de conocer la verdad y que haya justicia. Hasta el momento la única verdad es que todavía no conocemos la verdad”, afirmó Encinas.