La secretaría de Gobernación de la actual administración, recibió una deuda “no documentada” de 22 mil millones de pesos, además de una lista de pendientes y presuntas irregularidades por lo que no se ha podido determinar el monto del posible daño patrimonial y el supuesto desvío de recursos que enfrentan.

Cabe recordar que ya se había dado a conocer que Miguel Ángel Osorio Chong ex secretario de gobernación, es investigado por presunto daño patrimonial por casi 3 mil millones de pesos.

De acuerdo con la  auditoría de la ASF a la cuenta pública del 2017, se detectó un daño patrimonial por dos mil 826 millones de pesos por parte de la Secretaría de Gobernación en el rubro “Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal, al Amparo del Artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017”.

En este sentido son muchos expedientes abiertos por contratos mal otorgados, faltantes de bienes y servicios comprados, desvíos de recursos públicos y asignaciones sin licitar.

De acuerdo con Miguel Badillo y su información para Contralínea, todas las investigaciones son realizadas por la  Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control (OIC), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Uno de ellos es el relacionado con la adquisición de un megasistema de inteligencia denominado “Análisis, Diseño e Implementación de la Plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”, para el supuesto uso de la División de Inteligencia Policía Federal, que en el sexenio pasado estuvo a cargo de Damián Canales Mena.

Con el argumento de seguridad nacional, el sistema de inteligencia costó alrededor de 2.5 mil millones de pesos y  se hizo directamente  con la empresa israelí Rafael Advance Defense Systems, la cual lo habría vendido a más del doble de su precio.

Además de ello, el sistema es incompatible con el equipo con el que cuenta el área de inteligencia de la Policía, por lo que se convirtió en una compra cara, absurda e incompleta, pues faltaron entregables por alrededor de 1.5 mil millones de pesos”.

Los directamente relacionados en las indagatorias son por ahora el exsecretario de Gobernación, Osorio Chong; el excomisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Damián Canales Mena; y hasta el exoficial mayor de Gobernación, Jorge Márquez. Este último está relacionado en varios expedientes abiertos en la SFP y en la ASF.

En la información que se había proporcionado anteriormente, el secretario Durazo había afirmado que dicha compra se hizo en 2015 y ascendió a 2 mil 458 millones de pesos, lo que significó un sobreprecio de casi el ciento por ciento, por lo cual aún se adeuda a la empresa israelí cerca de 1.5 mil millones.

Explicó que fue el policía Damián Canales quien autorizó y firmó el contrato de la compra y los convenios modificatorios que elevaron cuantiosamente el precio sin que hubiera “entregables” en el patrimonio de la Policía Federal.

Las fuentes involucradas con las indagatorias señalaron que en las pláticas que sostuvieron  representantes de la empresa Rafael Advance Defense Systems con funcionarios de Gobernación para que les finiquitara dicho contrato, estuvo presente un alto directivo de la empresa Televisa, defendiendo los intereses del capital israelí, hasta que se le advirtió que no se había entregado completo el producto y por tanto no se podía pagar.

El mismo directivo de Televisa reculó ante tal advertencia y después reconoció que si no había “entregables” de parte de la empresa de Israel, entonces no podían estar cobrando la cantidad acordada.

Además de lo anterior, se había dado a conocer que Osorio Chong podía  resultar involucrado en el caso de la triangulación de contratos millonarios por al menos 825 millones de pesos. Los contratos fueron con dos universidades, una televisora estatal y diversas empresas fantasmas localizadas en  Hidalgo, estado donde la influencia política del senador fue innegable en el periodo en que se cometieron los desvíos.