Michoacán se encuentra entre los 10 primeros lugares en criminalización de la mujer por aborto, con 117 denuncias, entre 2000 y 2017, por parte del sector salud, afirmó Verónica Cruz del movimiento Marea Verde.

“Es brutal que las denuncias provengan de donde se debe salvaguardar a las mujeres y es por eso que se llama criminalización, aunque no va a haber mujeres en la cárcel por aborto, porque Michoacan es de los más progresistas y tiene de las causales más avanzadas como excluyentes de la penalización”.

En rueda de prensa, luego de la presentación de la iniciativa para la reclasificación del concepto del tipo penal denominado aborto, para que se considere como la interrupción del embarazo después de la semana 12 de gestación, señaló que las instituciones públicas tienen que garantizar los servicios y no pueden argumentar la objeción de conciencia porque está reservada para los médicos en particular. Lucero Circe López consideró que la iniciativa amplía la base de los derechos humanos de las mujeres, principalmente los que reconocen el derecho a decidir sobre su cuerpo porque permite una interrupción del embazo no punible hasta la semana 12 de gestación.

La propuesta del diputado Antonio Martínez del Partido de la Revolución Democrática fortalece la autonomía y libre determinación de las mujeres ya que pretende no exponerlas a situaciones de clandestinidad que ponen en riesgo su vida cuando toman la decisión de interrumpir un embarazo.

“Pretende poner en el centro a las niñas, jóvenes y mujeres y ampliar sus oportunidades de vida, no las criminaliza, no las señala, no las avergüenza, no las ofende ni condena a una agresión sexual sin opción alguna, no la obliga a perpetuar una violencia; la iniciativa va por garantizar la vida de todas mujeres que desean seguir con sus proyectos de vida, no hay odio, castigo, cárcel; no obliga a nadie a interrumpir un embarazo y genera las condiciones para no ponerlas en riesgo si deciden hacerlo”, indicó la activista por los derechos de las mujeres.