El papa Francisco aprobó una ley el día de hoy, que ordena a todos los sacerdotes y monjas católicos de todo el mundo a reportar a las autoridades eclesiásticas cualquier tipo de abuso sexual o encubrimiento por parte de sus superiores, a fin de proteger a sus fieles.

La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a todas las diócesis que introduzcan un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial. También establece procedimientos para hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo, cardenal o superior religioso.

La implementación de la ley responde al estallido global de grandes escándalos por los abusos sexuales e intentos de cubrirlos por parte de algunos sacerdotes y que devastado la credibilidad de la cúpula de la Iglesia católica y de su propio pontificado.

“Hemos dicho durante años que los sacerdotes deben atenerse a ciertas normas estrictas, así que ¿por qué no iban a hacer lo mismo los obispos y otros en la jerarquía?”, comentó el cardenal Marc Ouellet, responsable de la oficina vaticana para obispos.

La ley convierte a los 415 mil sacerdotes católicos y 660 mil religiosas del mundo en informantes obligados. Esto implica que se les exige informar a las autoridades eclesiásticas cuando sepan o tengan motivos bien fundados para creer que un clérigo o hermana ha cometido abusos sexuales a un menor, ha entablado relaciones sexuales indebidas con un adulto, posee pornografía infantil o es un superior que ha ocultado cualquiera de los delitos anteriores.

Esta nueva ley no requiere reportar los casos a la policía, el Vaticano lleva tiempo alegando que hacerlo solo pondría en peligro a la Iglesia en zonas donde los católicos son una minoría perseguida.

Sin embargo, sí especifica por primera vez en una norma universal para la institución que deben cumplir con los requisitos legales sobre denuncias del lugar donde viven, y que su obligación de reportar a la iglesia no interfiere con eso. Si se aplica en su totalidad, el Vaticano podría ver un alud de denuncias de abusos y ocultaciones en los próximos años.

Como la ley no es de naturaleza penal se puede aplicar de forma retroactiva, de modo que sacerdotes y monjas están obligados ahora a reportar incluso casos antiguos de abusos y encubrimiento, con protecciones como informantes por hacerlo.

Por el momento la decisión sobre si denunciar estos casos se dejaba a la conciencia de sacerdotes y monjas. Ahora es una ley de la Iglesia. No hay medidas punitivas previstas para los que la incumplan, del mismo modo que no hay sanciones contempladas para diócesis que no la acaten.