La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) realizó un llamado urgente a las autoridades estatales para que tomen cartas respectivas al asunto de la inseguridad en varias comunidades de tierra caliente, que ha obligado al desplazamiento de familias a causa del crimen organizado.

Tal es el caso particular de las comunidades de Ordeñitas y Maravatío, del municipio de Parácuaro, en donde, según se dio cuenta en medios nacionales y estatales, familias enteras han abandonado la población ante el temor de los constantes enfrentamientos armados en la zona.

La CEDH señala que el desplazamiento forzado de personas es considerado una violación a los derechos humanos y se traduce en violaciones al derecho a la vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública; pero además cuando están implícitos la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas de los afectados, esto conlleva la violación a otros derechos como a la propiedad privada y al domicilio.

Este organismo indica que es una responsabilidad del gobierno en turno, atender, proteger y asistir a estas personas, que son víctimas del crimen organizado, forzadas a dejar sus hogares y vulneradas en sus derechos, para garantizar su seguridad y proveerles de lo necesario.