Con el objetivo de actualizar la legislación en materia de movilidad y brindar certeza jurídica a los nuevos sistemas de transporte en Michoacán, el diputado local Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado e incorporar la regulación del transporte masivo, semimasivo y por cable.

La propuesta busca establecer el marco legal para la operación del Morebús y los teleféricos, mediante reglas claras en materia de administración, contratación, operación, mantenimiento y supervisión, atendiendo un vacío jurídico derivado de que estos sistemas no existían cuando la ley fue aprobada en 2023.

"No podemos construir infraestructura del siglo XXI con leyes pensadas para un sistema de transporte que ya cambió. La modernización de la movilidad exige instituciones y reglas capaces de responder a esa nueva realidad", afirmó el legislador.

Durante la presentación de la iniciativa, Hugo Rangel destacó que la reforma responde a la transformación urbana que vive Michoacán y fortalece el reconocimiento de la movilidad como un derecho ligado al derecho a la ciudad. En ese sentido, señaló que la legislación debe evolucionar al mismo ritmo que la infraestructura pública, garantizando que los nuevos sistemas de transporte operen bajo principios de seguridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La iniciativa también incorpora de manera formal el Sistema Integrado de Transporte dentro de la Ley, definiendo sus principios de operación, los mecanismos de integración tarifaria y operativa, así como las atribuciones de las autoridades y las responsabilidades de los operadores.

Uno de los principales ejes de la reforma es reforzar la seguridad de estos sistemas mediante la implementación obligatoria de protocolos de emergencia, manuales de operación, certificaciones técnicas periódicas y personal debidamente capacitado en los centros de control y monitoreo.

Asimismo, plantea un régimen de sanciones para quienes pongan en riesgo la seguridad de las personas usuarias, con multas de hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), suspensión de funciones para operadores que incurran en negligencia y sanciones para quienes invadan carriles confinados o afecten el funcionamiento de la infraestructura.

"La movilidad masiva no admite improvisaciones. La seguridad de las y los usuarios debe ser una obligación legal y no una simple buena intención", subrayó.

Finalmente, la propuesta establece que toda la infraestructura construida con recursos públicos permanecerá como patrimonio del Estado. La participación de particulares se limitará a esquemas de prestación de servicios y administración, sin que ello represente la privatización de los activos estratégicos. Además, al concluir cualquier contrato o concesión, los bienes deberán reincorporarse al patrimonio estatal libres de gravámenes.

"No permitiremos que la modernidad sea una excusa para la depredación financiera ni para relajar la protección de la vida humana. Esta reforma blinda el interés colectivo y garantiza que el desarrollo de la movilidad permanezca al servicio de las y los michoacanos", concluyó Hugo Rangel.