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Redacción / esteesMichoacan.com | Morelia, Michoacán:
En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo y a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el propósito de garantizar una comunicación efectiva para las personas con discapacidad auditiva en todos los centros e instituciones de salud, tanto públicas como privadas.
La legisladora estuvo acompañada por Yareni Pérez y Claudia Villanueva, integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como por representantes de la comunidad sorda de Michoacán. Durante su intervención, destacó que en la entidad existen más de 56 mil personas con discapacidad auditiva que diariamente enfrentan obstáculos para acceder a servicios médicos en igualdad de condiciones.
Arreola Ruiz señaló que el acceso a la salud debe garantizarse de manera plena y sin barreras, ya que la falta de mecanismos de comunicación adecuados limita el ejercicio de este derecho fundamental.
La propuesta legislativa contempla que las instituciones de salud cuenten de forma permanente con intérpretes certificados en Lengua de Señas Mexicana o con herramientas tecnológicas que permitan una comunicación inmediata, efectiva y en tiempo real con las personas sordas. Esta medida deberá aplicarse prioritariamente en áreas de urgencias, consultas médicas y hospitalización.
Asimismo, la diputada advirtió que la falta de atención adecuada ha provocado diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados e incluso situaciones que han puesto en riesgo la vida de pacientes con discapacidad auditiva, lo que representa una forma de discriminación indirecta que debe ser eliminada.
Finalmente, la iniciativa también plantea reconocer a la Lengua de Señas Mexicana como una lengua nacional y parte del patrimonio lingüístico del país, además de considerarla un instrumento esencial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.