En un intento por reducir los vacíos legales que permiten que la producción de drogas sintéticas cause daños ambientales sin sanciones penales específicas, la diputada Sandra María Arreola Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, presentará una Propuesta de Acuerdo para impulsar, ante el Congreso de la Unión, una iniciativa orientada a tipificar y endurecer las sanciones relacionadas con los narcolaboratorios y la contaminación que generan.

La propuesta contempla la incorporación del artículo 194 Bis al Código Penal Federal, así como la modificación del artículo 464 de la Ley General de Salud. Su finalidad es sancionar de forma explícita el vertimiento, infiltración y depósito de sustancias químicas y residuos tóxicos derivados de estos laboratorios clandestinos, además de aumentar las penas para quienes los operen.

“La lucha contra el narcotráfico no debe limitarse únicamente al decomiso de sustancias ilícitas. Es indispensable atender el impacto ambiental que esta actividad genera. Por cada kilogramo de metanfetamina producido, se generan hasta seis kilogramos de residuos tóxicos como ácido clorhídrico, acetona y fósforo rojo, los cuales son desechados sin control, contaminando suelos y mantos acuíferos, y vulnerando el derecho a un medio ambiente sano y a la salud”, enfatizará la legisladora.

De acuerdo con la iniciativa, entre diciembre de 2018 y febrero de 2023, autoridades federales desmantelaron mil 308 narcolaboratorios en el país, de los cuales el 98% se concentró en cinco estados, incluyendo Michoacán. Asimismo, se señalará que en el primer semestre de 2025 se aseguraron 96 laboratorios a nivel nacional, lo que refleja una tendencia creciente y expansión territorial en la producción de drogas sintéticas.

En el caso de Michoacán, el problema ha ido en aumento. La diputada destacará que durante 2025 y lo que va de 2026 se han localizado diversos laboratorios clandestinos en municipios como Madero, Morelia y Pátzcuaro, donde se han decomisado grandes cantidades de metanfetamina y miles de litros de sustancias químicas peligrosas, cuyos efectos representan un riesgo significativo para los ecosistemas y las comunidades rurales.

“Si bien el Código Penal Federal sanciona la fabricación de drogas, no contempla de manera específica el daño ambiental derivado de esta actividad. Esta omisión permite que conductas altamente perjudiciales no reciban sanciones proporcionales. Con esta iniciativa buscamos visibilizar el impacto ecológico del narcotráfico y garantizar que quienes contaminen enfrenten consecuencias penales acordes a la gravedad del daño”, explicará.

El proyecto de decreto propone sanciones de dos a seis años de prisión, además de multas, para quienes instalen u operen estos laboratorios. Dichas penas podrían incrementarse hasta en una mitad si se demuestra contaminación en suelos, cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado. También se contempla reforzar las sanciones contra quienes posean o transporten sustancias químicas destinadas a estas actividades ilícitas.

Finalmente, en congruencia con su enfoque ambiental y de protección a la salud pública, la diputada hará un llamado a los legisladores federales para analizar y aprobar la iniciativa con prontitud, destacando la urgencia de prevenir daños irreversibles al medio ambiente y salvaguardar a las comunidades expuestas.