El Congreso del Estado solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje entregar un informe trimestral sobre los asuntos concluidos desde la aprobación de la reforma al Artículo Noveno Transitorio de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo.

La petición surge luego de que los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social presentaran ante el Pleno un punto de acuerdo, recordando que todos los expedientes que permanecían en trámite ante la Junta Local debieron resolverse en un plazo máximo de tres años contados a partir del 3 de octubre de 2022.

Los diputados J. Reyes Galindo Pedraza, Fabiola Alanís Sámano y Alfredo Anaya Orozco destacaron que, además, debió establecerse una calendarización precisa para concluir los asuntos pendientes y garantizar la ejecución efectiva de los laudos.

Cabe recordar que el 1 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y otras leyes relacionadas, con el objetivo de agilizar y modernizar la justicia laboral, así como impulsar una nueva cultura basada en la conciliación como vía principal para resolver conflictos obrero-patronales.

En Michoacán, la transición hacia el nuevo sistema de justicia laboral comenzó el 30 de diciembre de 2021, por lo que la Comisión consideró indispensable dar seguimiento puntual a la terminación de los expedientes aún en trámite.

Por ello, plantearon que la Junta de Conciliación y Arbitraje rinda un informe trimestral al Congreso sobre el porcentaje de avance en la conclusión de los asuntos.

Durante la exposición del Punto de Acuerdo, se informó que al inicio de la actual administración, el 1 de octubre de 2021, se recibieron 21 mil 907 expedientes en trámite según el acta de entrega-recepción. Sin embargo, un inventario físico realizado en enero de 2022 detectó un total de 27 mil 738 expedientes, registrándose una discrepancia de 5 mil 831 casos. Este hecho fue notificado de inmediato a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para ajustar los planes y programas orientados a garantizar la conclusión de los asuntos pendientes y la correcta ejecución de los laudos.