El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado es una realidad dolorosa que debe combatirse con urgencia, al representar una de las violaciones más graves a los derechos de la infancia, afirmó el diputado Antonio Carreño Sosa.

Ante esta problemática, el legislador de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado, específicamente en materia de reclutamiento forzado en su modalidad de corrupción de menores.

Desde tribuna, Carreño Sosa lamentó que a miles de niñas, niños y adolescentes se les arrebate la posibilidad de crecer, estudiar, jugar y construir un proyecto de vida. “Les quita lo más valioso: su futuro”, expresó.

Reconoció que, aunque no se trata de un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha agudizado. Organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México y UNICEF han documentado que miles de menores han sido reclutados en el país. Los cárteles, señaló, se aprovechan de la pobreza, la falta de oportunidades y los entornos violentos para engancharlos mediante engaños, presiones o amenazas. En estados como Michoacán, esta situación se vive con mayor intensidad en regiones donde la presencia criminal ha fragmentado la vida comunitaria.

“Quiero decirlo de manera simple y contundente: ningún menor se incorpora por voluntad propia a un grupo delictivo. No existe en ellos un consentimiento válido. Son víctimas, no delincuentes. Y el Estado tiene la obligación de protegerlos siempre”, subrayó.

El diputado explicó que su iniciativa se basa en un principio central: reconocer el reclutamiento forzado como una forma agravada de corrupción de menores. Añadió que, ante la existencia de otras propuestas en el mismo sentido, es necesario agilizar los dictámenes para que las reformas avancen y quienes recluten o permitan el reclutamiento reciban sanciones más severas. Más aún, dijo, es indispensable contribuir a erradicar esta práctica que daña profundamente a la sociedad.

La propuesta plantea reformar los artículos 156 y 157 del Código Penal del Estado para establecer con claridad que toda persona que reclute, adiestre, utilice o involucre a menores en actividades ilícitas comete una forma extrema de corrupción de menores y debe recibir una sanción mayor. También propone crear el artículo 156 Bis, que castigaría a quienes faciliten indirectamente el reclutamiento, incluyendo actividades como traslado, resguardo, logística o entrega del menor.

Finalmente, Carreño Sosa destacó que esta reforma es esencial, ya que muchas veces la cadena delictiva no inicia con el reclutador directo, sino con intermediarios que hasta hoy quedaban fuera de la ley. “Esta iniciativa no solo atiende un problema de seguridad, sino un problema humano. Es un paso firme para proteger a quienes más lo necesitan”, concluyó.