En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada local Brissa Arroyo Martínez reafirmó su compromiso con la lucha pacífica para construir entornos seguros y libres de violencia para todas las mujeres.

La legisladora, quien también coordina el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, participó en el Conversatorio organizado por el Congreso del Estado y acudió al llamado del PRD durante la instalación del “Buzón Naranja”, una de las actividades impulsadas este 25 de noviembre.

Como integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, Arroyo Martínez subrayó que avanzar hacia una sociedad igualitaria requiere la participación activa de mujeres, hombres, sociedad civil y autoridades. Solo así —dijo— será posible erradicar cualquier forma de violencia.

“No más silencios cómplices. Debemos alzar la voz, trabajar por las mujeres de hoy y por las nuevas generaciones”, expresó.

Asimismo, destacó el lema que este año impulsa la Organización de las Naciones Unidas: “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y niñas”. En este sentido, llamó a frenar la violencia en entornos digitales y a no normalizar comentarios ofensivos o burlas que denigran a mujeres, jóvenes y adolescentes, pues —advirtió— estos comportamientos pueden ser el preámbulo de violencias más graves, incluida la feminicida.

Brissa Arroyo también coincidió en la necesidad de reivindicar el papel de la mujer indígena y saldar las deudas históricas con este sector, tal como lo señaló la activista Dulce Patricia Torres Sandoval durante el conversatorio legislativo.

Torres Sandoval, originaria de Pichátaro, municipio de Tingambato, y profesional en diversas áreas —entre ellas Derecho, Balística Forense y Educación para el Medio Indígena—, sostuvo que no puede hablarse de igualdad sin reconocer a las mujeres indígenas como sujetas plenas de derechos individuales y colectivos.

Expuso que es indispensable desarrollar marcos normativos que incluyan la participación de mujeres en los sistemas normativos indígenas y garantizar que las leyes en materia de igualdad, educación, justicia, salud y desarrollo contemplen un enfoque interseccional e intercultural, además de asegurar acceso a la justicia sin discriminación.

Entre los principales desafíos, mencionó la falta de intérpretes y traductores especializados con remuneración adecuada; el racismo y la revictimización institucional; y la ausencia de procesos judiciales adaptados a la realidad cultural de las comunidades indígenas.