El cultivo de limón en Michoacán se ha convertido en una actividad marcada por la extorsión y el miedo. Este fruto, presente en la mesa de todo el país, permanece bajo el dominio de grupos delictivos que imponen cuotas cada vez más altas a los productores para permitirles continuar trabajando. La expansión de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha incrementado el costo de estas exigencias, afectando gravemente a un sector ya presionado por los altibajos del mercado.

El reciente asesinato de Bernardo Bravo, agricultor y activista de la región de Apatzingán, refleja la violencia a la que se enfrentan los citricultores. Bravo fue ejecutado de un disparo en la cabeza tras denunciar públicamente los cobros ilegales. Su muerte ha generado un silencio casi total entre los trabajadores del campo, quienes temen represalias por parte de los grupos armados.

Produtores consultados relatan que la cuota llegó a duplicarse en pocos meses, hasta alcanzar cuatro pesos por kilo de limón cosechado. También comentan amenazas de muerte y la falta de intervención de las autoridades locales. La organización que Bravo presidía había impulsado acciones de protesta contra los bajos precios y buscado apoyos gubernamentales para reducir deudas en servicios básicos, además de visibilizar la extorsión. Su creciente liderazgo y la denuncia abierta de la presencia criminal podrían haber sido determinantes en su asesinato.

Los productores señalan que el cobro ilegal no es nuevo. Sin embargo, la disputa territorial entre distintos grupos ha agudizado el problema. De acuerdo con especialistas en seguridad, los grupos delictivos han encontrado en la extorsión una actividad de menor riesgo y alta rentabilidad. Esta lógica se ha extendido más allá del limón hacia otros productos de consumo cotidiano como tortillas, leche y huevo. En diversas comunidades de Tierra Caliente, la influencia criminal sustituye a las instituciones en la impartición de justicia y el control social.

Millonario botín criminal

En 2023, Michoacán produjo cerca de mil millones de toneladas de limón. Con una cuota ilegal de cuatro pesos por kilo, los ingresos del crimen organizado podrían alcanzar los 4.000 millones de pesos anuales solo en este sector. Además de la presión extorsiva, los precios del limón en el mercado formal sufren constantes oscilaciones, lo que reduce aún más las ganancias de los agricultores.

En Apatzingán predomina actualmente el grupo conocido como Blancos de Troya, brazo operativo de Los Viagras, que tras aliarse al CJNG adoptó el nombre Cártel Michoacán Nueva Generación. Su líder, Nicolás Sierra Santana, es buscado por Estados Unidos. Pese a algunos golpes recientes contra la organización, la violencia continúa afectando la producción agrícola.

Las investigaciones del homicidio de Bravo apuntan a individuos vinculados a Los Viagras que se infiltraron en las asociaciones campesinas para vigilar sus actividades. Aún se desconoce por qué el día del crimen el líder limonero acudió a una reunión sin su escolta y vehículo blindado, a pesar de tener amenazas previas.

Su padre, también llamado Bernardo Bravo y referente histórico del gremio citricultor, fue asesinado en circunstancias similares en 2013. Otros productores que se han opuesto a los cobros, como José Luis Aguiñaga o el exlíder de autodefensas Hipólito Mora, también han sido víctimas de ataques mortales.

Pese al temor generalizado, algunos agricultores consideran que la lucha de Bravo no debe quedar en el olvido. Expresan que es necesario mantener la organización y rechazar la violencia que oprime al sector. Sin embargo, otros actores políticos temen que su asesinato marque el fin de los esfuerzos recientes para frenar la extorsión y que las cuotas sigan aumentando ante la falta de protección estatal.