Con el objetivo de dotar al Poder Judicial del Estado de una estructura legal actualizada y acorde a sus necesidades, la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó, en sesión ordinaria, con 30 votos a favor, la nueva Ley Orgánica de este Poder Constitucional.

La legislación establece que el Poder Judicial estará conformado por el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina, un Órgano de Administración Judicial, así como los Juzgados de Primera Instancia, Menores y Comunales.

El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por magistradas y magistrados electos mediante voto ciudadano en cada región, y operará tanto en Pleno como a través de Salas Regionales, ya sean Colegiadas o Unitarias.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina asumirá las funciones que anteriormente correspondían al Consejo del Poder Judicial en materia de vigilancia y control interno. Este órgano será responsable de velar por la independencia, imparcialidad, honestidad e integridad del sistema de justicia, garantizando que quienes integran el Poder Judicial cumplan con dichos principios.

Para ello, el Tribunal estará conformado por magistradas y magistrados independientes, y trabajará en Pleno y en Comisiones, con el propósito de asegurar el derecho al doble conforme y el acceso a un recurso judicial efectivo para las y los juzgadores bajo su jurisdicción.

Asimismo, se establece la creación de al menos dos órganos auxiliares: uno encargado de investigar las conductas, por acción u omisión, que constituyan faltas administrativas; y otro con la facultad de evaluar y dar seguimiento al desempeño de los órganos jurisdiccionales, mediante indicadores cualitativos y cuantitativos que aseguren su óptimo funcionamiento.

El Tribunal de Disciplina también actuará como autoridad resolutoria, con la capacidad de sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarios a la ley. Las sanciones podrán ir desde una amonestación hasta la destitución e inhabilitación del cargo, pasando por suspensión o sanciones económicas.

Cabe destacar que las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina y de los jueces y juezas de Primera Instancia y Juzgados Menores electos en la elección extraordinaria de 2025, ejercerán sus funciones por un periodo de ocho años, finalizando en el año 2033.

Es importante subrayar que esta nueva legislación no altera la autonomía presupuestal del Poder Judicial del Estado, considerada una condición esencial para el ejercicio independiente de sus funciones.

Finalmente, con el fin de proteger los derechos humanos de las y los trabajadores del Poder Judicial, se estableció que la disciplina judicial se ejercerá conforme al marco constitucional y convencional vigente, garantizando en todo momento el respeto a los derechos laborales, tal como lo estipulan los artículos transitorios de las reformas federal y local en la materia.