La jueza Novena de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas, dejó sin efecto la suspensión definitiva que impedía la detención de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán. Con esta decisión, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá proceder con la orden de aprehensión en su contra.

La resolución fue notificada este lunes, luego de que Aureoles incumpliera las condiciones impuestas para conservar la suspensión: el pago de una garantía de un millón de pesos y su comparecencia personal ante la jueza Patricia Sánchez Nava en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, quien originalmente ordenó su detención.

Según la resolución de la jueza Vargas, el exmandatario no exhibió la garantía económica ni acreditó su presentación ante la autoridad judicial correspondiente, lo cual dejó sin efecto la medida que lo protegía de ser detenido.

“La suspensión definitiva quedó sin efectos, por lo que las autoridades responsables podrán ejecutar el acto reclamado”, señala el fallo judicial. No obstante, se precisa que, si Aureoles cumple con las obligaciones impuestas antes de que se ejecute la orden de aprehensión, la suspensión podría reactivarse de inmediato.

El pasado 23 de mayo, la revista Proceso informó que el exgobernador promovió un recurso de revisión contra la suspensión definitiva, buscando interrumpir el plazo para cumplir las condiciones impuestas. Sin embargo, la jueza Vargas rechazó la petición, y el plazo venció el 22 de mayo sin que Aureoles cumpliera con los requisitos.

La FGR busca procesar a Silvano Aureoles por un presunto desfalco de 3 mil 400 millones de pesos, derivado de la compra con sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.

En marzo pasado, cuatro excolaboradores de Aureoles fueron vinculados a proceso por diversos delitos, entre ellos peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Según información contenida en el expediente de amparo, la FGR precisó que investiga directamente a Aureoles por un posible daño al erario de mil 52 millones 222 mil 490.69 pesos, lo que representa apenas una tercera parte del monto total estimado.