El cardenal Norberto Rivera Carrera adquirió dos departamentos en la Torre Residencial Mitikah, considerada la más alta de la Ciudad de México. La compra, realizada el 29 de febrero de 2024, ha derivado en una disputa legal que pone en riesgo el cargo de una funcionaria del Gobierno capitalino.

Rivera Carrera compró los departamentos 4201 y 4205 por un monto total de 23 millones 297 mil pesos, pagados al Banco Actinver. Solo por concepto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), desembolsó más de 1.3 millones de pesos.

En mayo del mismo año, el cardenal obtuvo un amparo a su favor. La juez Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, consideró excesivos los montos cobrados por el ISAI y los derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que ordenó la devolución íntegra del pago: 1 millón 437 mil 73 pesos.

Aunque el gobierno de la Ciudad de México, ya bajo la administración de Clara Brugada, impugnó la resolución, el Cuarto Tribunal Colegiado confirmó la sentencia, haciendo obligatoria la devolución desde diciembre de 2024.

Funcionaria bajo presión por incumplimiento

Desde enero de 2025, la Dirección General de la Administración Tributaria fue notificada para ejecutar la devolución. Sin embargo, el proceso se detuvo cuando Margarita Nallely Reyes Castro, directora de Atención y Procesos Tributarios, intentó realizar el reembolso mediante un Certificado de Devolución.

Rivera rechazó este método, solicitando que el monto fuera transferido directamente a una cuenta de BBVA Bancomer, solicitud que fue avalada por la juez. Al no realizarse el pago en los plazos establecidos, la juez Lobo impuso a Reyes Castro una multa de 11 mil 314 pesos el pasado 9 de abril y otorgó un plazo final de 10 días para cumplir con la orden. Advirtió que, de persistir el incumplimiento, podría iniciarse un procedimiento judicial que derivaría en la destitución de la funcionaria.

Reyes Castro aseguró haber autorizado ya la transferencia y presentó un recurso de queja para evitar la sanción. Sin embargo, si se comprueba que el pago no se concretó en el tiempo estipulado, el Tribunal Colegiado podría ordenar su separación del cargo por desacato.