El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha propuesto un paquete de reformas en materia de derechos alimentarios que busca imponer restricciones más severas a los deudores de pensión alimenticia y a personas con antecedentes de violencia de género.

De acuerdo con la iniciativa, quienes adeuden pensión alimentaria no podrán tramitar o renovar concesiones, permisos de transporte, constancias oficiales ni licencias de conducir. Además, se establecerá la obligación para jueces y magistrados estatales de reportar las altas y bajas del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, garantizando así un mayor control y seguimiento de estos casos.

Otro punto clave de la reforma es que, en caso de matrimonio, se deberá informar a los contrayentes si alguno de ellos tiene registro como deudor alimentario, con el fin de brindar mayor transparencia en la toma de decisiones personales.

Ramírez Bedolla también enfatizó que la propuesta prohibirá que personas con antecedentes de violencia de género, procesos penales activos, deudas alimentarias morosas o sanciones administrativas puedan ocupar cargos públicos en el estado.

El mandatario destacó la urgencia de estas reformas al señalar que tres de cada cuatro hijos de padres separados en Michoacán no reciben pensión alimentaria. Además, de acuerdo con datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), entre 2021 y 2024 se registraron en el estado 7,855 casos de violencia económica.

El paquete de reformas, firmado y enviado al Congreso local el pasado 25 de febrero, contempla modificaciones a 50 artículos de 13 leyes y dos códigos, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos alimentarios y combatir la impunidad en casos de violencia y abandono familiar.