En medio de un fin de semana agitado para el gobierno nacional, la oposición liderada por el bloque de Diputados de Unión por la Patria (UP) ha decidido impulsar un juicio político contra el presidente Javier Milei, a raíz del escándalo generado por la promoción de una criptomoneda en sus redes sociales. Además, Milei enfrenta una denuncia penal por su participación en el caso.

El viernes por la noche, el mandatario argentino promocionó un token denominado $LIBRA, con la intención de "incentivar inversiones y financiar a emprendedores". La promoción afectó a aproximadamente 40.000 usuarios, quienes sufrieron pérdidas millonarias debido a la operación.

Horas después, Milei reconoció haber publicado el mensaje, pero aclaró que "no estaba completamente informado sobre los detalles del proyecto" y, tras tomar conocimiento de la situación, decidió "no seguir dándole difusión". En consecuencia, borró el post en el que promocionaba la criptomoneda.

La web promocionada por el presidente fue desarrollada por Kip Network Inc. El CEO y cofundador del Protocolo Kip, Julian Kip, se había reunido con Milei en octubre de 2024.

El impacto del caso $LIBRA ha provocado una respuesta unificada de dirigentes políticos, con Cristina Fernández encabezando las críticas. También se sumaron figuras como Martín Lousteau (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Elisa Carrió, así como los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja).

"La participación de Milei en un presunto delito de estafa cripto es un hecho de extrema gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales ha decidido avanzar con la presentación de un pedido de juicio político contra el Presidente de la Nación", informaron desde la bancada de Unión por la Patria. Este mismo bloque había votado en contra del proyecto de Ficha Limpia, que impide a los corruptos postularse como candidatos.

Según fuentes cercanas a la situación, la decisión de presentar el pedido de juicio político "ya está tomada", y se formalizará esta semana. Aunque el tratamiento en sesiones extraordinarias no es viable, la oposición planea insistir con la iniciativa, que debe pasar por la Comisión Permanente de Juicio Político en la Cámara de Diputados para iniciar el proceso.

Si los diputados aprueban el pedido con dos tercios de los votos, la decisión final recaerá en el Senado, donde también se necesita la misma mayoría para destituir al presidente. Sin embargo, la Comisión Permanente se encuentra actualmente sin autoridades elegidas, debido a un conflicto por la elección de la titularidad en abril pasado, lo que retrasa el proceso. La situación se resolverá cuando se reanuden las sesiones el 1 de marzo.

A pesar de la presión, desde la Casa Rosada no se mostró preocupación ante la amenaza de juicio político. En su lugar, desde el PRO anticiparon su rechazo a esa vía. Diego Santilli, uno de los diputados cercanos a Mauricio Macri, destacó que el presidente ya reconoció lo sucedido, explicó su postura y tomó las medidas necesarias, pidiendo que se investigue a fondo.

El partido oficialista también expresó su preocupación por los hechos que afectaron la confianza en el país. A través de un comunicado, reafirmaron que lo sucedido es grave, tanto por el impacto económico en los afectados como por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno presidencial. Por eso, solicitaron una "investigación profunda".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la única voz del Gobierno en referirse públicamente al escándalo. En declaraciones radiales, calificó la solicitud de juicio político como "una bomba atómica" para intentar perjudicar al presidente. Bullrich consideró que las reacciones al respecto fueron "exageradas".

A pesar de que el Gobierno ha anunciado que la Oficina Anticorrupción llevará adelante una investigación sobre el caso, la denuncia penal presentada inicialmente acusa a Milei de ser parte de una "asociación ilícita" y de haber cometido una "megaestafa". La denuncia fue impulsada por un grupo de abogados y expertos en derecho, quienes aseguran que el presidente debe rendir cuentas por su implicación en el escándalo.

Este caso continúa sumando repercusiones en la política argentina, y la presión sobre el mandatario se intensifica conforme avanzan las investigaciones.