El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado miércoles una orden ejecutiva destinada a suspender la entrada física de extranjeros a través de la frontera sur del país. Esta medida se sustenta en el argumento de que la migración irregular representa una "invasión" al territorio estadounidense, y refuerza su compromiso de garantizar la seguridad nacional.

Trump basó esta acción en el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, que obliga al gobierno federal a proteger a los estados de posibles invasiones. Asimismo, recurrió a su autoridad bajo el Artículo II de la Constitución y la Ley de Inmigración y Nacionalidad para justificar la decisión.

De acuerdo con fuentes de la administración, la orden responde a solicitudes previas de estados como Texas, que han solicitado apoyo federal ante lo que califican como una crisis migratoria sin precedentes. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó en declaraciones a la prensa que la firma de la orden representa un cumplimiento de la promesa de Trump durante su campaña electoral. "Es una prioridad número uno para el pueblo estadounidense, y el presidente ya ha cumplido", afirmó Leavitt.

Con esta nueva orden, se autoriza el despliegue de mil 500 militares adicionales en la frontera sur. Estos se sumarán a los 2 mil 200 efectivos en activo y los 4 mil 500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas que ya se encuentran desplegados. El objetivo de las nuevas tropas será apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en tareas logísticas y administrativas, como el mantenimiento de vehículos y la gestión de datos.

Cabe recordar que durante su primer mandato, Trump ya había ordenado el envío de 5 mil 200 efectivos a la frontera con México. En su primer día de nuevo mandato, el presidente firmó otra orden ejecutiva que instruye al Pentágono a movilizar las tropas necesarias para lograr un "control operativo completo" de la frontera sur.

Además, la nueva orden establece que, en los próximos 90 días, Trump evaluará la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807. Esto permitiría que las fuerzas militares asuman funciones de aplicación de la ley dentro del país, lo que podría cambiar su rol actual, limitados a tareas de apoyo logístico.

Por ahora, los efectivos desplegados en la frontera no están autorizados a realizar funciones policiales, como arrestar migrantes o incautar drogas, debido a la normativa vigente, incluida la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe a las fuerzas armadas desempeñar funciones de policía en territorio estadounidense.