Una nueva reforma del sistema judicial mexicano busca permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios.

Esta propuesta  hecha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, permitiría al gobierno acceder a grabaciones de conversaciones privadas como uso de evidencia, lo que significa el monitoreo de llamadas telefónicas.

Además de restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones, según borradores obtenidos por Reuters de las iniciativas que se presentarán el miércoles en el Senado.

La Fiscalía General y la Consultoría Jurídica de la Presidencia presentaron las nueve iniciativas con el objeto de enfrentar la crisis de inseguridad e impunidad que vive el país.

Estas modificaciones también pretenden estructurar  un Código Penal Nacional para que pueda atender los delitos fuera de México, así también, sería aplicable cuando se cometan en el extranjero pero produzcan efectos en territorio nacional o contra mexicanos, como un tiroteo en El Paso, Texas, donde fallecieron ocho connacionales.