La situación de insolvencia en la Universidad Michoacana parece obedecer a muy diversos factores;  uno de estos factores tiende a ser enfatizado por un sector diferente.

Altos funcionarios estatales y federales, al igual que muchos empresarios y comunicadores, piensan que la universidad gasta demasiado y que su quiebra técnica es la consecuencia de las prestaciones, pensiones y jubilaciones de sus trabajadores. Por otro lado los trabajadores, exlican que la crisis tiene que ver  por la insuficiencia de recursos gubernamentales para la universidad, pero también por la mala gestión de las autoridades universitarias.

Este último factor, el de la mala gestión, será enfatizado por los sindicatos, los cuales, a su vez, habrán de ser vistos como parte del problema por las autoridades y por muchos trabajadores. En cuanto a los estudiantes, aunque muchos coincidan con la visión de los trabajadores, me parece que no tienen una opinión lo suficientemente mayoritaria o consensuada como para que podamos identificarlos con ella.

Hata el momento se sabe que el presupuesto de la Micoacana se derrumbó 13% en el último año, ya que pasó de 2946 millones de pesos en 2016 a 2555 millones en 2017. +

Por lo que estes derrumbe es la causa inmediata de la quiebra técnica. La situación de insolvencia es porque nos están dando menos, y no, como se pretende, porque estemos gastando más. De hecho, al menos en el último año, la UMSNH ha gastado menos, mucho menos que antes, pues disminuyó sus egresos de 3981 millones a 3581 millones de pesos. Esto se ha reflejado en un descenso de la matrícula, es decir, en la disminución de futuros profesionistas, lo que tendrá toda clase de consecuencias nocivas en el desarrollo del país y del estado, quizás incluso indirectamente en los índices de violencia, pues muchos de los jóvenes que no estudien terminarán engrosando las filas del crimen organizado.

La UMSNH se encuentra en una paradoja,  está dando menos educación a la sociedad, está gastando mucho menos de lo que gastaba y está recibiendo todavía menos de lo que recibía.

E por eso que surgen las interrogantes: ¿quiénes son los responsables de todo esto?, por un lado, el Poder Ejecutivo Estatal, encabezado por el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, el mismo que ahora se presenta como rescatista, quien propuso el presupuesto en el que se castiga severamente a la Universidad Michoacana; por otro lado, los cuarenta legisladores del Poder Legislativo Estatal, dominados por las fracciones del PRI (15 diputados), el PRD (12 diputados) y el PAN (7 diputados), quienes aprobaron ese presupuesto aun cuando sabían perfectamente que significaba la quiebra técnica de la UMSNH.

Lo más indignante es que la totalidad del presupuesto para Michoacán se incrementó en el 2017, pues aumentó 2000 millones de pesos en comparación al 2016, pero esto no impidió recortar las asignaciones presupuestales destinadas a gastos sociales como salud, cultura, medio ambiente, pueblos indígenas, obras públicas, ciencia y tecnología, educación y la UMSNH. Si la Universidad Michoacana fue castigada, lo fue como parte de la sociedad, y este castigo es el que hace que ahora se encuentre en situación de insolvencia.

Cabe destacar  que la insolvencia de la UMSNH no es por falta de recursos en el Estado, sino porque el gobernador perredista y los diputados priistas, perredistas y panistas han decidido que no devolverán los recursos que gestionan a la sociedad que los produjo y a la que le pertenecen.

En otras palabras lo que han deciido es que se robarán esos recursos, pues lo que sustrajeron a gastos sociales terminó destinándose al Poder Legislativo, que se aumentó casi 10% su asignación presupuestal, y a rubros opacos de gasto corriente, como los Servicios Personales, que reciben la fabulosa cantidad de 27 mil millones de pesos, es decir, ni más ni menos que 10 veces el presupuesto de la Universidad Michoacana.

Todo esto, reiterémoslo, es lo que se le está quitando a los trabajadores y estudiantes de la UMSNH, pero también a todos los comerciantes que viven de lo que gastan los universitarios, y además a la educación en general, a los niños que estudian en las escuelas, a los enfermos que utilizan los servicios de salud, a quienes transitan por las calles y requieren de obras públicas, a las comunidades indígenas a las que originalmente pertenecen las tierras en las que vivimos, a las mismas tierras, a los bosques y mares y todo lo demás correspondiente al tan castigado rubro de medio ambiente.

Es todo en la sociedad y en su entorno lo que se está sacrificando en beneficio de nuestros gobernantes y a pesar del aumento de presupuesto para Michoacán.

En lo que se refiere a la situación específica de la Universidad Michoacana, sabemos que recibe menos asignación presupuestal por estudiante que otras universidades. La diferencia es muy significativa, pues instituciones como la UNAM o el IPN absorben anualmente más de cien mil pesos por estudiante de licenciatura, mientras que nosotros apenas rebasamos los cincuenta mil pesos. Si a la UMSNH le concedieran lo que les dan a otras universidades, entonces no habría situación de insolvencia, los docentes recibiríamos normalmente nuestro salario, no tendríamos necesidad de este paro de brazos caídos, los alumnos estarían ahora en clases como los de la UNAM y no se necesitaría modificar en este momento el régimen de pensiones y jubilaciones.

Todo estaría muy bien si hubiera un trato igual para todas las universidades del país, si no se discriminara presupuestalmente a nuestros estudiantes, si nuestros jóvenes valieran lo mismo que otros para los gobiernos federal y estatal. Pero no es así: para nuestros gobiernos, un alumno de la UNAM vale más que uno de la Michoacana, y uno de la Michoacana vale más que uno de una Escuela Normal Urbana, y uno de la Normal Urbana vale más que uno de la Rural. Cuando llegamos al nivel de las Normales Rurales, los estudiantes valen tan poco para el gobierno que hasta se les puede matar impunemente, como lo vimos con los 43 de Ayotzinapa.

Es verdad que la crisis financiera de nuestra universidad no sólo se explica por el trato desfavorable que recibe en comparación a otras instituciones. Hay también factores que afectan a todas las universidades por igual. Sería injusto decir que la UNAM es una consentida o privilegiada, pues ella y otras universidades públicas también se ven afectadas por lo que me atrevo a describir como la guerra silenciosa de nuestro gobierno contra la educación pública. Esta guerra nos resulta evidente al conocer algunos datos.

Cuando se compara México a otros países con el mismo desarrollo socioeconómico, descubrimos algo preocupante: nuestro gobierno es uno de los que menos invierte en cada estudiante universitario. Aquí gastamos 7 mil 889 dólares anuales por estudiante, mientras que Chile invierte más de 8 mil dólares y Brasil casi 11 mil. Y lo peor: México es uno de los pocos países en los que este gasto ha disminuido en lugar de incrementarse.