Incitar a otros a actuar de manera indebida es un hecho impropio según diversas normas éticas, incluidas las de la fe cristiana. Desafortunadamente, en los Gobiernos de muchos países, la dependencia constituye una fuente significativa de tentación que promueve la corrupción. A continuación, se detallan tres ejemplos. Los funcionarios pueden verse forzados a ceder ante demandas ilícitas de sus superiores políticos debido a su dependencia de ellos. La falta de colaboración en favor de los intereses del gobernante puede resultar en la perdida de sus privilegios o incluso su destitución. Los políticos se sienten obligados a utilizar su influencia dentro del Gobierno para recompensar a sus copartidarios y patrocinadores debido a que dependen de ellos. La falta de flujo de favores puede llevar a la pérdida de su respaldo en favor de un rival dispuesto a complacerlos. Los ciudadanos, incluso aquellos con recursos, pueden sentir la tentación de respaldar a líderes políticos dispuestos al favoritismo para navegar mejor un sistema corroído por la corrupción e injusticia. No apoyarlos podría afectar negativamente sus negocios o su acceso a bienes y servicios públicos. Es importante destacar que la tentación no justifica la corrupción. Sin embargo, es asimismo fundamental tener en cuenta que se cometen dos actos indebidos. La comunidad no debe pasar por alto la existencia del primero, la tentación, consecuencia de una estructura gubernamental que crea dependencias indebidas y facilita la coerción. La consideración de este punto es esencial, ya que existen otras maneras de organizar las estructuras de poder dentro del Gobierno. Dado que los seres humanos son imperfectos y muchos pueden carecer de la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones mencionadas, es imperativo establecer medidas auxiliares. Minimizar las dependencias utilizadas para ejercer coerción ha probado ser una solución efectiva. Esta estrategia, implementada con éxito en los estados de Estados Unidos y en los países de Europa Occidental, implica reducir el control político sobre los empleados públicos, por ejemplo, mediante una carrera administrativa independiente del ámbito político. La minimización de la dependencia conlleva numerosas ventajas: 1. Elimina el clientelismo. Los políticos pierden la capacidad de favorecer a sus colaboradores con privilegios estatales, tales como puestos y fallos. 2. Fomenta la imparcialidad. Los empleados públicos pueden investigar y proceder contra funcionarios o gobernantes que actúen ilegalmente sin temor a represalias políticas, promoviendo la justicia y la transparencia. 3. Reduce la clientela. La incapacidad de los mandatarios para coaccionar a funcionarios y repartir privilegios disminuye la tentación de aliarse a ciertos políticos para obtener beneficios personales. 4. Favorece la demanda de mejoras. Aquellos con conexiones políticas ahora se ven igualmente afectados por la pequeña corrupción y los obstáculos burocráticos, lo que los motiva a exigir mejoras en la gestión gubernamental. 5. Crea un sistema estable. El eliminar el poder coercitivo de los políticos, dentro del Gobierno, garantiza que el acceso a la justicia y a los derechos personales no será controlado, sin importar qué grupo ostente el poder. Además, preserva los derechos mejor que cualquier otra estructura gubernamental, lo que incentiva a mantener el sistema. La capacidad de comportarse correctamente se ve influenciada por la magnitud de la tentación a la que se está expuesto. El hecho de que tantos ciudadanos corrientes sucumban a esta subraya la importancia de mitigar este problema. La experiencia en otros países ha demostrado la eficacia de herramientas que reducen las dependencias dentro del Gobierno para eliminar estas tentaciones.