MORELIA, Mich., 25 de marzo de 2024.- La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado hizo dos observaciones generales al contenido en el segundo Informe sobre la situación que guarda la administración pública en materia de seguridad. Una de ellas es para que refuerce los mecanismos de coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con los diferentes tribunales encargados de la impartición de justicia en Michoacán, a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia. La otra sugiere robustecer los programas de formación, capacitación, certificación y acreditación, a fin de incrementar el número de servidores públicos preparados para formar parte del proceso de impartición de justicia, con énfasis en la materia penal y de defensoría pública. Sin embargo, de las consideraciones del dictamen presentado al pleno de la 75 Legislatura el pasado 20 de marzo, el cual fue aprobado, se desprenden varias recomendaciones más como afianzar la transición del modelo policial reactivo al preventivo entre los propios integrantes de los cuerpos de seguridad, particularmente a través de la formación y capacitación. Consideran que el programa Rector de Profesionalización Policial, implementado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es una herramienta que el Gobierno de Michoacán debe atender y robustecer, perfilando a sus elementos hacia la máxima capacidad teórica y práctica, especialmente en las atribuciones que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, señalan que el Curso de Formación Inicial Aspirante con terminación Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública es una herramienta formativa que debe reforzarse para ampliar su impacto e incrementar el número de egresados. La capacitación extramuros en otras entidades del país es idónea para traer las mejores prácticas a Michoacán, por lo que resulta necesario diversificar e incrementar las entidades del país que se visitan para tal fin, se señala en el dictamen aprobado. La capacitación en materia de detención y conducción de personas es un elemento básico que debe institucionalizarse para ser permanente, con el fin de salvaguardar los derechos humanos y para blindar un posible proceso penal, especialmente en su intervención inicial como primer respondiente ante la noticia criminal. Lo mismo en materia de metodología de investigación cuantitativa y cualitativa, así como en materia de identificación y análisis de incidentes cibernéticos, son acciones impostergables para Michoacán y por ende, su implementación es correcta y debe reforzarse. Especialmente importante es para los legisladores la capacitación en materia del informe policial homologado, para fortalecer la coordinación y colaboración que deben seguir las autoridades coadyuvantes, otorgando certeza y seguridad jurídica, además de transparentar su proceder ante la ciudadanía.