Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplicará rigurosamente sanciones en caso de que las normas electorales no se respeten, hará valer la ley con firmeza para proteger a las ciudadanas y ciudadanos y no permitirá que su voto les sea arrebatado o condicionado, ni su voluntad manipulada por nadie, sostuvo el magistrado de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. PUBLICIDAD Advirtió que las decisiones del TEPJF obedecerán únicamente a la lógica del derecho. “Aquí no habrá simpatía ni antipatía hacia ninguna persona o partido. Así ha sido siempre y los datos de alternancia política en todo el país son la mejor prueba”, afirmó en su mensaje durante la sesión en que se presentó el informe de labores de la Sala Regional Xalapa del TEPJF. El magistrado Fuentes Barrera subrayó que, al dar inicio hoy las campañas electorales en todo el país, las mexicanas y los mexicanos deben tener la seguridad de que las sentencias del Tribunal Electoral se dictarán de manera independiente y autónoma del poder público como ha sido durante casi 30 años de su existencia. “Afianzamos nuestro deber ante la ley. Rigurosamente aplicaremos sanciones en caso de que las normas electorales se no se respeten”, señaló, al tiempo que dijo que la ciudadanía espera que el Tribunal Electoral hará respetar las reglas y no dejar impune a ningún infractor, que la elección en cada municipio, estado y a nivel federal se apeguen a la Constitución y a la ley. PUBLICIDAD Subrayó que durante tres décadas el TEPJF solo ha reconocido los triunfos a quienes realmente corresponden. “Mantendremos este compromiso inquebrantable”, agregó el magistrado Fuentes Barrera, quien manifestó que en el Tribunal Electoral estamos unidos, fuertes y preparados para otorgar al país, una vez más la democracia que se merece y por la que ha optado vivir. En ese sentido, convocó a la ciudadanía a votar con tranquilidad y confianza en el sistema electoral y que el tribunal actuará con apego a derecho, independencia e imparcialidad al ratificar el triunfo de quien las y los ciudadanos le otorguen su confianza. La magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Eva Barrientos Zepeda, informó que en el periodo 2022-2023 se resolvieron 777 medios de impugnación, la mayoría relacionados con juicios de la ciudadanía, juicios electorales y asuntos generales. Las temáticas más recurrentes correspondieron a elecciones a través de usos y costumbres, violencia política por razón de género, así como acceso y desempeño del cargo. Expuso que el 98 por ciento de los asuntos se votaron por unanimidad del pleno, y solo 130 sentencias fueron impugnadas ante la Sala Superior del TEPJF, de las cuales el 99.25‰ se confirmó el sentido en que fueron aprobadas por la Sala Regional. Destacó que dicha Sala Regional Xalapa es considerada como un Tribunal especializado en la resolución de conflictos relacionados con pueblos originarios debido a que los estados a Tercera Circunscripción Plurinominal, conformada por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en los que se concentra el mayor número de población indígena en el país. Lo anterior, dijo la magistrada presidenta Eva Barrientos, obliga a garantizar que el ejercicio de los derechos políticos-electorales sea en condiciones de igualdad, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. “Como órgano encargado de impartir justicia con perspectiva intercultural, maximizamos el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autodeterminarse en la esfera política y, a su vez, garantizamos el principio de mínima intervención”, manifestó. En el informe estuvieron presentes, el magistrado Enrique Figueroa Ávila y el magistrado en funciones José Antonio Troncoso Ávila, ambos integrantes de la Sala Regional Xapalpa; así como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, autoridades electorales de los estados que integran la tercera circunscripción y diversas autoridades estatales, además de representantes de organismos ciudadanos y universidades.