MORELIA, Mich., 3 de noviembre de 2023.- Blindar el desempeño de los órganos fiscalizadores del Poder Legislativo, para combatir la impunidad que, por omisión y conveniencia de algunos representantes populares, limitan la capacidad investigadora y punitiva, lo cual resulta en una aberración porque es una de las facultades primigenias del Congreso del Estado. Para ello, los diputados del bloque plural propone prohibir que en la integración de las comisiones de Gobernación, Jurisdiccional, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y de Puntos Constitucionales, queden diputados que hayan ejercido funciones de primer nivel en el periodo constitucional inmediato anterior en la administración pública estatal o municipal, en el Congreso del Estado o en el Congreso de la Unión. Precisan en su propuesta los diputados Andrea Villanueva, Mónica Valdez, Samanta Flores, Belinda Hurtado, Ernesto Núñez y Mayela Salas que no se trata de limitar los derechos de los legisladores, sino de evitar algún posible encubrimiento u omisión de su parte al momento de investigar, analizar o dictaminar alguna posible irregularidad o responsabilidad que haya sido detectada en su anterior cargo. En su exposición de motivos señalan que a la Comisión Inspectora, le corresponde, entre otras cosas: vigilar y evaluar la organización de la Auditoría superior de Michoacán, conocer sobre la cuenta pública del Ejecutivo y los Ayuntamientos, ordenar la práctica de visitas, inspecciones y auditorías a las entidades sujetas a cuenta pública, recibir los informes de operaciones y resultados que presente la Auditoría revisar, analizar y dictaminar las cuentas públicas con base a los informes de resultados y emitir las medidas necesarias para que la Auditoría cumpla con las funciones que le correspondan. Resulta entonces notoria la profunda responsabilidad que reviste a esta comisión y la trascendente responsabilidad que debe regir el actuar de sus integrantes, pues es en ella donde se desahogan algunos de los asuntos más sensibles para el óptimo desempeño de las actividades gubernamentales, como lo es el ejercicio de los recursos públicos. En razón de lo anterior es que los Diputados que integren dicha comisión deben actuar con total imparcialidad al momento de analizar, investigar y dictaminar los asuntos que les sean encomendados, evitando en todo momento caer en algún supuesto de conflicto de interés. Otra comisión fundamental es la comisión jurisdiccional a la que, entre otras cosas, le corresponde declarar que ha lugar a proceder penalmente en contra de algún servidor público que goce de protección constitucional, la suspensión o revocación de mandato de los miembros del Ayuntamiento y la remoción de algún miembro de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Sus atribuciones constituyen una razón suficiente para advertir la seriedad que debe predominar en el actuar de los integrantes de esta comisión, ya que cualquier encubrimiento por parte de los mismos contribuye a incrementar el clima de impunidad que lamentablemente ha predominado y, hasta la fecha, sigue caracterizando al ejercicio político de Michoacán. También propone reformas para blindar las demandas de juicio político, puesto que una vez interpuesta una acusación ante el Congreso para instruir procedimiento relativo al juicio político, se turnará a las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para determinar la procedencia de la denuncia. El desahogo del procedimiento de los juicios políticos corresponderá a la Comisión Jurisdiccional; razón suficiente para considerar a las mismas, como el primer filtro que existe para la impartición de justicia en contra de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del buen despacho de sus funciones.