Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, adelantó, a más tardar en un mes estaría lista la denuncia que prepara en contra de Alfredo Castillo Cervantes y de Miguel Ángel Osorio Chong. Esta denuncia en contra del ex Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán y del ex Secretario de Gobernación de México, durante la administración presidencial de Enrique Peña Nieto, será ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adelantó Valencia Reyes. “Estoy preparando una denuncia que voy a presentar ante la CIDH, voy a ir a Washington para que no quede impune todo lo que hicieron. Fueron 6 mil armas que repartieron ellos, más un número incalculable de armamento que registraron en las uniones ganaderas, con una tarjeta de la unión ganadera ya se tenía el permiso de portación de armas y no les hacían exámenes de control y confianza no checaban antecedentes penales”. Esta acción, dijo el dirigente del PRI Michoacán, generó un descontrol y se dejó latente un problema que ya estalló, sin exonerar, aclaró, la responsabilidad que tienen gobiernos anteriores. “Pero ¿qué está haciendo el gobierno para que esos responsables paguen? Yo no soy gobierno y estoy haciendo lo que me corresponde, y eso que esos fulanos estaban en un gobierno emanado de mi partido, pero eso no nos hace cómplices. Si un priísta hizo mal, no tenemos porque estarle tapando sus cochinadas”. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, explicó que los delitos cometidos por los integrantes del gabinete del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, cometieron delitos violatorios a los derechos humanos que no prescriben. Con esto, Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, espera que también el gobierno estatal actual que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, también trabaje para detener a quienes se encuentran, comentó, quitando la tranquilidad de la ciudadanía en la entidad con los actos que clasificó de terrorismo como los registrados en Zinapécuaro y Álvaro Obregón.