Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Michoacán se ubica en la posición número 22 del Índice de Estado de Derecho en México desarrollado por la organización World Justice Project (WJP), cuatro posiciones por debajo de lo observado el año pasado. Mediante una serie de encuestas, en este diagnóstico se analizan avances y deterioros en desempeños institucionales por entidad federativa, de tal forma que se recaban experiencias y percepciones en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia. Para realizar el ejercicio participaron diferentes perfiles como congresistas, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y académicos. Política Rodrigo Vallejo, de prisión a la búsqueda de una curul, así su regreso [Video] En una escala que va del cero al uno, la entidad mejor calificada es Querétaro, con 0.49, es decir, la mitad de lo que pudiera considerarse como óptimo. Le siguen Guanajuato, Aguascalientes y Yucatán, mientras que en el otro extremo están Guerrero, la Ciudad de México y Quintana Roo, con puntaje de 0.36. En tanto, la media nacional es 0.42. Michoacán tiene 0.40 unidades, lo que se considera una adhesión débil al estado de derecho. Su indicador más bajo es el del cumplimiento regulatorio, ubicándose en la posición 27, mientras que en orden y seguridad tiene un mejor ranking al estar en el casillero número 15. Otro factor que preocupa es el llamado “ausencia de corrupción”, pues sólo presenta 0.34 puntos, lo que lo manda a la posición 24. Lorena Cortés, especialista en temas de seguridad y prevención del delito, señala en entrevista que en el caso de Michoacán la calificación tan baja en el rubro Ausencia de corrupción es un indicativo de cómo la ciudadanía percibe al poder público. “El estado se ha caracterizado porque la corrupción atraviesa todas las instituciones, de tal forma que si eres víctima de un delito y acudes a la Fiscalía es muy probable que te extorsionen. El contacto con el Estado mexicano causa un impacto muy negativo entre la gente, lo que se refleja en prácticas como sobornos, tráfico de influencias, cohecho y un largo etcétera”. Otro dato alarmante en la entidad, que se muestra por debajo de la media nacional, es el del límite al poder gubernamental. Lorena Cortés explica que para revertirlo tiene que haber contrapesos, ya sea en los medios de comunicación, en las organizaciones de la sociedad civil y de los mismos partidos políticos. Pero también es fundamental que en la administración pública se busquen perfiles adecuados y preparados, y no a las personas que solo son allegadas a alguien con el poder de decidir. “Pagar facturas electoreras debilita a las instituciones, por eso necesitamos una sociedad crítica, esa sociedad que ha salido a las calles a manifestarse por el hartazgo en estos temas”. Finalmente, Cortés remarca la importancia de defender a los organismos autónomos, porque también son contrapeso del poder. “Hay que hacer valer los mecanismos de denuncia y de cara al 2024 hay que pensar en la pluralidad, para que no haya mayorías absolutas que debiliten a la democracia”. World Justice Project concibe al Estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente”. Además, la organización identifica cuatro principios universales para su cumplimiento: rendición de cuentas, leyes justas, proceso justo y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. En su historia reciente, Michoacán se ha enfrentado a situaciones que pusieron en jaque la implementación del Estado de derecho, lo que quizá tuvo su punto más alto a inicios de 2014, cuando el gobierno federal impuso a Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, lo que a la postre derivó en una gran crisis de ingobernabilidad y violencia. Michoacán en el estado de derecho por factores (puntaje y posición nacional) Límites al poder gubernamental: 0.40/20 Ausencia de corrupción: 0.34/24 Gobierno abierto: 0.46/23 Derechos fundamentales: 0.47/22 Orden y seguridad: 0.46/15 Cumplimiento regulatorio: 0.33/27 Justicia civil: 0.35/21 Justicia penal: 0.35/20